jueves, agosto 09, 2007

EDICION ESPECIAL DEL PANORAMA MILITAR Y DE ICIA




08 Aug 2007 - 13:20

EDICION ESPECIAL DEL PANORAMA MILITAR Y DE ICIA

CORRUPCIÓN EN EL MINISTERIO DE DEFENSA.

LA TRAMA SECRETA DE LOS FUSILES FAL Y OTROS NEGOCIADOS DE FAMILIARES DE LA MINISTRO

El IAF no es la única “masita” pretendida. En el inicio de la gestión, se intentó, a través de un proyecto de Ley de Procuración de Medios (vulgarmente compras militares) transferir la vieja Dirección General de Fabricaciones Militares y sus cuatro fábricas a la órbita del Ministerio de Defensa.

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Julio De Vido con mayor cintura política lo impidió y lo llevó bajo su paraguas, y además, sirvió de moneda de cambio para traer al redil a un viejo contrincante de Santa Cruz, el ex gobernador Puricelli y definir la interna local, ensombrecida por la renuncia de Acevedo y el pase a la vereda de enfrente de su anterior vicegobernador.

Cual era el objetivo de la atracción de las fábricas a Defensa, como no sea hacerse de una propia caja, que ampliaría las que inexplicablemente quedan en el Ministerio , y de paso controlar el negocio del comercio ilegal de armas.

La empresa familiar que conforman con su hermano Raúl, ya había hecho sus primeros pasos en este negocio cuando logró que lo designaran síndico de Fabricaciones Militares, en donde conoció a todos los actores que actualmente cita el Juez Tiscornia por contrabando agravado (aunque los únicos aún no citados son el que participó en todas las etapas del mismo: el hermano Raúl Garrè y sus socios).

Entonces, como no cerraba el negocio con FM en la órbita de Defensa, se puso al hermano como Jefe de Gabinete con rango de Secretario, pero poniéndolo por sobre los Secretarios de la Cartera. Con esa función pudo controlar el trámite de las exportaciones que había supervisado como síndico, ya que le reportaban directamente los funcionarios que debían participar en la aprobación del trámite, el Director de Política (Hequimian) y la Jefa de Departamento de exportación de material sensible (Rocca ).

Para terminar de cerrar el círculo, lo designaron además interventor del Registro Nacional de Armas, que es el encargado del control físico del material a exportar, y eventualmente (como es el de este caso, aunque se obvió el paso), de desmilitarizarlo.

El único eslabón libre era el de la Aduana (lugar que no controlaban, o que se les fue de la mano), pero con la operación de los despachantes propios, podían superar sin obstáculos.

Pero la Aduana cumplió con su tarea y desde Defensa, la ministra salió a defender su gestión (en realidad, la de su hermano) como lo había hecho la Micelli.

Primero dijo que había habido subfacturación (pero si le constaba tal hecho –que no surge de los antecedentes del expediente- nunca debió firmar la resolución aprobatoria) y que el culpable era Puricelli (que si leyó el expediente nunca participó de la venta pues es anterior a su gestión). Claro que la ministra puede haberse enterado de tal subfacturación por su hermano que tenía conocimiento por cuanto la operación se concretó cuando era síndico de FM.

Cuando se dio cuenta de que en realidad estaba atacando a Julio De Vido y por elevación a Kirchner, se desdijo de ésta afirmación de subfacturación y cargó contra la Aduana, haciendo recaer en esta la responsabilidad de controlar los precios de la operación de compraventa, pero curiosamente obvió la participación del RENAR en el examen físico de materiales y su desmilitarización, pues entonces llamaba la atención sobre su hermano.

Como se verá tanto el Juez Tiscornia como la Fiscalía tienen mucho material sobre el que preguntar, salvo que el apriete llegue al extremo de hacerlo optar por la pregunta intrascendente antes que la obvia (sino la renuncia antes de la destitución). (Prox. 48 hs Vitales)

EL PLAN B:

Como plan B , se buscó recrear el sector "productivo" (de armamentos) en forma parcial y por afuera de la estructura de Fabricaciones Militares. Para ello se “rehabilitaron” las obsoletas infraestructuras del astillero Domecq García, se intentó renegociar el contrato con la Loocked para recuperar la fábrica militar de aviones, y se ocupó Tandanor. Esta estructura empresarial tiene como característica que la designación de los cargos ejecutivos los realiza directamente el Ministerio, sin Decreto Presidencial pues sólo basta con la instrucción de que la asamblea de accionistas elija determinada persona según el gusto de la Ministra.

Se había recibido un fuerte golpe cuando de sopetón, el presidente había quitado de un plumazo, y comunicando la medida en el Salón Blanco cuando la decisión ya había sido tomada, la administración del Registro Nacional de Armas, que el hermano ministerial había llevado en pocos meses al desastre, despojado de toda credibilidad por la entrega de permisos de portación de armas a asesinos seriales como el de Belgrano, ya que aparentemente, el negocio pasaba por otro lado.

Perdida la impunidad que en el negocio internacional de armas permitía el RENAR, fue imperativo la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.

Ante esta avidez, los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (no sus cuadros medios) permanecieron impasibles, porque cada uno tenía una culpa que ocultar. No olvidar el espionaje en la Patagonia, las valijas de Southern Winds

Pero el IAF era un sapo demasiado grande para tragar y los JJEEMM comenzaron a hacer el lobby para desarticular la medida, llegando a utilizar a los edecanes presidenciales y su ascendiente sobre Zanini para ello.

Resulta llamativo el equipo que utiliza el clan Garré para llevar a cabo la operación.

El instrumentador técnico es el actual Subsecretario de Asuntos Técnico Militares, Germán Montenegro, hombre que responde al actual titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria creada luego del escándalo de las valijas de droga.

Germàn Montenegro

Montenegro es hijo del Brigadier General del mismo apellido, actual asesor de la ministra y que fuera jefe de la Fuerza Aérea en tiempos de Carlos Menem, época en la cual se cayó la compra de radares por sospechas de corrupción por el direccionamiento a cierta empresa proveedora.

Montenegro (hijo) y Saín( el rosa) , todavía son agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea de donde siguen cobrando la máxima jerarquía de los espías. Montenegro (hijo) está rodeado, y ha rodeado a la ministra y varias áreas del ministerio por PCI´s (agentes civiles de inteligencia, de la planta de la Fuerza Aérea) que forman el núcleo de decisión de la Defensa y que fueron parte de la estructura que su padre supo construir cuando era el máximo conductor de la Fuerza.

Marcelo Saìn Director de la PSA

La ministra incorporó a este grupo, a un socio del hermano, amigo de Diana Conti y del grupo del Frepaso, que supo ser presidente de la ONG Poder Ciudadano hasta que esta institución lo echó luego de que trascendiera que cobraba una jubilación de privilegio (el mismo tipo de privilegio contra el que se proclamaba una campaña nacional junto con el diario La Nación y Luis Majul) y simultáneamente cobraba un sueldo del Estado y su fundación recibía subsidios públicos.

(Se entiende entonces las presiones de Diana Conti de juzgar al Juez Tiscornia , en forma apresurada, ya que no es solamente por salvar a Garrè y familia, sino a sus propios allegados http://www.seprin.net/portal/notas1/denuncia_conti.htm )

Este personaje en época de De la Rúa, cobraba (y el personal de su estudio jurídico también) jugosos honorarios violando la ley de ética pública.

Con el advenimiento de Duhalde, se travistió en asiduo concurrente a la quinta de Olivos, donde negociaba los “perdones” de Transparencia Internacional y su continuidad en un cargo público rentado con jugosos honorarios.

Pese a que el Presidente de la Nación (Zanini y Alberto Fernández incluidos) desconoce totalmente su existencia ya que no tiene ninguna designación oficial en el Ministerio de Defensa (la que aún en forma ad-honorem, debe realizarse inevitablemente por decreto), la ministra no toma ninguna decisión sin consultarlo, tiene oficina propia a pocos metros de la jefa (la que supo ocupar Angel Tello, un histórico consultor en temas de Defensa del radicalismo, que el ministro Pampero mantuvo en su staff), se cretaria, teléfono (el interno 8846) y hasta espacio de estacionamiento en el lugar de los Secretarios y Generales. Tiene acceso a información restringida y llama la atención su participación en todos los temas que conllevan alguna erogación importante. Por ejemplo, fue participe casi único en la licitación de radares, donde se incorporaron cláusulas insólitas para permitir la participación de la española INDRA y en la licitación para la adquisición de aviones para LADE y en prácticamente todos los trámites que pasan por la Subsecretaría de Coordinación. Para ello debió apartar a los técnicos especializados en la materia, en la primera al Ingeniero RUNZA y de la segunda al Director General BRIOZZO.

Pero además, ha sido el impulsor de las aprobaciones de las exportaciones de armamentos, ya que aunque no aparece su firma en los expedientes de FM, supervisó su trámite, llegando a sugerir cambios en las resoluciones.

Su afán de no aparecer ha tenido episodios tragicómicos, como cuando con su imponente vehículo importado chocó al de un general estacionado y se dio a la fuga para no aparecer en los registros de la compañía de seguros frecuentando ese lugar, pero los sistemas de vigilancia y las cámaras instaladas por la seguridad lo delataron, con lo que la justa reclamación del uniformado se vio satisfecha aunque el respaldo de la ministra hizo variar los informes del siniestro.

Sin embargo, no se ha privado de los beneficios de un auténtico comisionista de compraventa de armamento. Recibe en su estudio privado a los representantes de las firmas proveedoras, ha sido invitado a varios países por proveedores de helicópteros, armas livianas, radares y vehículos terrestres llegando a coincidir en sus viajes con la ministra (aunque evidentemente haciendo lobby por la otra parte)

Esta organización se completa con Hugo Cormick y Marcos Makón, ex subsecretario de presupuesto de Cavallo y posterior artífice de la reforma delaruista.

Fracasado el intento sobre el IAF, al que ya que no lo pueden tomar por asalto, seguramente procurarán transferirlo al ANSESS, el próximo paso será el desembarco sobre las obras sociales de las Fuerzas Armadas, el IOSE, DIBA y DOSFA, que involucran una caja equivalente y montañas de contrataciones con clínicas y servicios médico asistenciales. Difícilmente las Fuerzas permanezcan impasible ante esta maniobra y respondan con mayor virulencia, aún cuando los Jefes estén maniatados por su debilidad ante la amenazas por su debilidad institucional.

Hay otro negocio que tendría algún referente en esta estructura ministerial, que no ha tenido gran impacto en la ciudad de Buenos Aires, pero que ha llamado la atención en varias capitales de provincia.

Desde hace algún tiempo, se observan varias colas en unidades militares de gente de las clases 53 a 58 que pugnan por tener un certificado de cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Un grupo de abogados inescrupulosos, coordinados por un abogado de apellido Fraile estarían sacándole a cada uno de estos ilusos entre 300 y 1000 pesos para gestionar una pretendida “pensión de excombatientes” igual a los que combatieron en Malvinas. Contarían con la anuencia del equipo ministerial, que no sale a decir abiertamente que esto es totalmente falso y parte de una maniobra de estafa, para permitir que este flujo de inocentes continúe abonando estos dineros.

Para ocultarlo al público de la Capital Federal, la larga cola de incautos que se formaba frente al edificio Libertador, fue enviada a la calle Ingeniero Huergo. Aunque se eche la tierra debajo de la alfombra, no se quita.

Otro ataque sobre la conducción de las FFAA, es la pretendida creación del Ombudsman de las FFAA. Esta medida gatopardista, es en realidad un intento de crear un sistema de comisariato político sobre la estructura castrense. Comisario político que estaba en las FFAA de la vieja ex URSS.

Fue motivo del viaje de la ministra a Alemania, de donde trajo la idea del nombre, pero no del sistema. En Alemania funciona en forma independiente del Poder Ejecutivo y reporta al Legislativo, en un sentido semejante al de nuestro Defensor del Pueblo, de cuya protección, curiosamente están excluidos los hombres de armas. Garré quiere impulsar un sistema que le dependa directamente, que reciba las denuncias en forma directa en sede ministerial y comandar el sistema sin injerencia judicial ni legislativa. Es una manera de promocionar la delación, el soborno y la extorsión.

Claro que una simple medida, como puede ser cambiar la ley del Defensor del Pueblo, quitando la exclusión de las FFAA y agregando un Fiscal Adjunto para las FFAA en esa Defensoría, no pasa por la cabeza de la ministra, ya que de esa manera se le impide colocar a su gente en los lugares rentados y de largo plazo garantizados por norma (4 a 6 años).

Además, la tan mentada reforma a la capacitación de las FFAA, encabezada por un conspicuo jefe operativo de montoneros, también tiene su ribete económico. No está en juego aquí la “democratización de los cuadros de oficiales y suboficiales”. Un cuarto de siglo de democracia ya han marcado a las fuerzas en este sentido. El verdadero objetivo de esta movida es el asalto sobre las “horas cátedra” (más de 70 mil que tiene el presupuesto de Defensa). Se trata de ubicar en gran parte de estas horas cátedras a personas afines a la ministra y su grupo.

Se verá, además, en las próximas semanas, que muchos nombramientos saldrán en puestos de Directores Generales, Directores, Jefes de Departamento en el área de Defensa. Llama la atención, cuando a esta gestión le quedan dos a cuatro meses. Ya que Garré tiene claros indicios de que no será de la partida en la próxima gestión, trata de condicionar a Cristina (con quien no se lleva muy bien) poniendo a toda su gente y garantizar que en el futuro no puedan cuestionarle su actuación pasada, por cuanto propia tropa le cuidaría sus espaldas.

Que mejor para ello, que quien fue responsable del desmanejo de la venta cuestionada de FM, sea promovida desde su cargo de Jefa de Departamento al de Directora General (con injerencia directa sobre su antiguo departamento) para que cualquier investigación futura, cuente con un defensor dentro de la estructura, puesto que su destino está atado recíprocamente.

TEMA RELACIONADO:

DENUNCIA PENAL CONTRA NILDA GARRE - CONTRABANDO DE ARMAS Y VACIAMIENTO DE FM -

La Diputada Nacional del PRO Nora Ginzburg promovió una denuncia que recayó en el juzgado federal del Dr Lijo, denuncia que ratificó , motivada por una o varias operaciones ruinosas de exportación de armas que habría realizado la Ministra Garré y que presuntamente podría implicar el vaciamiento de Fabricaciones Militares.

TEXTO COMPLETO DE LA DENUNCIA



DENUNCIA PENAL CONTRA NILDA GARRE - CONTRABANDO DE ARMAS Y VACIAMIENTO DE FM -

La Diputada Nacional del PRO Nora Ginzburg promovió una denuncia que recayó en el juzgado federal del Dr Lijo, denuncia que ratificó , motivada por una o varias operaciones ruinosas de exportación de armas que habría realizado la Ministra Garré y que presuntamente podría implicar el vaciamiento de Fabricaciones Militares.

TEXTO COMPLETO DE LA DENUNCIA

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FORMULA DENUNCIA.

Señor Juez:

NORA GINZBURG, abogada, T° 8, F° 814, por derecho propio y en mi carácter de Diputada de la Nación, constituyendo domicilio legal en la sede de mi despacho, sito en Riobamba 25, 8° piso, Of. 830, a V.S como mejor proceda digo:

I. Que, de conformidad con el Art. 174 del CPPN, vengo a promover denuncia contra la Ministra de Defensa de la Nación, Dra. NILDA GARRÉ, y contra los demás funcionarios que resultaren involucrados según la investigación que se produzca, por la comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública nacional (Art. 174, inc. 5, C.P.), sin perjuicio de otros que pudieran emerger a lo largo del proceso, en virtud de una o varias operaciones irregulares de exportación de material bélico –partes componentes de fusiles FAL y FAP-, que resultaron manifiestamente ruinosas para las arcas del Estado Nacional, y que supondrían un vaciamiento de la Dirección General de Fabricaciones Militares, dependiente a la fecha de dichas operaciones del mismo Ministerio de Defensa.

Esta denuncia tiene como antecedente una investigación que –por contrabando- (arts. 864 y sgtes. de la ley 22.415) viene tramitando –como es de dominio público- ante el Juzgado N° 7, Secretaría n° 14, del Fuero Penal Económico.

II. Por Decreto Nacional 603/92 se crea la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, integrada por los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y Cultos, y de Economía a fin de que obligatoriamente intervenga con carácter previo a las exportaciones de material sensitivo y bélico.

En sus fundamentos se sostiene “Que la proliferación de armas de destrucción en masa conspira gravemente contra la paz y seguridad internacionales, debiendo actuar todos los Estados con firmeza y unidos para detenerla”. De ello se desprende claramente cual es el objetivo primordial de este decreto.

A)

A fines de 2003 se previó una operación de exportación de material sensitivo, por la suma total de U$S 311.444,24, actuaciones en las que participó la Dirección General de Fabricaciones Militares, disponiéndose su exportación en distintos embarques. El primero de ellos supuestamente por la suma de U$S 53.966,64 habría salido en julio de 2005, pero el embarque que nos ocupa, el segundo de dicha operación, a su vez dividido en varios envíos, fue por un parcial de U$S 32.745,78, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semi elaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP ).

Antes de impedir la Dirección General de Aduanas el último envío, en febrero del corriente año, en 2006 se habrían efectuado otros dos que partieron de Ezeiza pero, en conjunto, las tres destinaciones no arrojarían el valor para tener por cancelado el segundo embarque.

Dichos envíos se habrían justificado en las resoluciones del Ministerio de Defensa Nos. 831 y 952, de fechas 20/8/06 y 6/9/06, respectivamente. La autorización final para el último (año 2007) se otorgó por resolución N° 1334 del 4/12/06. Todas estas resoluciones fueron suscriptas por la denunciada.

El embarque que fuera detenido el 17/02/07 por la Aduana Nacional estaba referido a 6.379 kilos de componentes de armas de guerra que fueron declaradas a un valor de U$S 2.664, lo que indica un precio muy por debajo de los normal e internacionalmente admitidos. Fue tan grosera y evidente esta subfacturación que la Dirección de Aduanas la habría advertido a simple vista, sin necesidad de recurrir a otros medios.

Este envío estaría compuesto por variados repuestos de fusiles FAL que van desde algunos primordiales para su función como “cuerpo de cerrojo”, “percutores”, “disparadores”, como otros cuya inexistencia no la obstaculizarían, tales como “zuncho toma de gases”, “refuerzo anterior de culata”, etc.

La numeración de los denominados “cuerpos de cerrojo”, esto es un elemento esencial de este tipo de armas, consignada en el Anexo I del Decreto se encontraría sin seguir la numeración correlativa, lo cual pareciera sugerir un desorden planificado con el objeto de dificultar todo tipo de control en atención a la magnitud de las cantidades de elementos enunciadas.

Según fuentes judiciales, se habría constatado además números repetidos o mellizos y partes y piezas con números que no estaban autorizados por el Ministerio de Defensa.

También habría, a estar a lo publicado por distintos medios periodísticos, algunos repuestos con su numeración ilegible o erradicada, como igualmente partes y piezas nuevas declaradas como viejas.

En la declaración aduanera se habría negado que este embarque formaba parte de otro envío, ya que como dijéramos anteriormente el monto total del segundo envío no se habría cancelado (según pudo averiguarse de los U$S 32.745,78 que correspondían al segundo envío las tres destinaciones rondarían los U$S 10.000).

B)

Según informaciones recabadas, ante esta comprobación en el área aduanera se habría procedido a realizar una investigación sobre destinaciones anteriores, de las que surgirían que en dos de ellas se habrían exportado piezas de fusiles mencionados en los EE.UU como de calibre 308W, que se corresponde con el 7,62 mm de la OTAN (FAL-Fusil Automático Liviano), arma de guerra. La sumatoria del despiece manifestado indicaría que ambas destinaciones comprenden a casi 600 unidades de este tipo de arma, encontrándose en ellos más del 80% de estas piezas para su ensamble.

En este caso se manifestaría una subfacturación, toda vez que se habrían vendido repuestos de los fusiles indicados a un valor de U$S 0,40 el kilogramo, cuando en rigor de verdad el valor de desperdicios metálicos se cotizaría entre un valor que oscilaría entre los U$S 1,50 y U$S 3, lo que implica un valor de casi tres veces inferior al valor de la chatarra.

Habría también un embarque sospechoso de 500 cañones de fusiles que habría vendido en forma posiblemente irregular la Dirección General de Fabricaciones Militares, ya que antes de ser exportada cada unidad se habría declarado a un precio de U$S 7,98, pero al llegar a los EE.UU cada unidad habría sido declarada a un valor de U$S 40.

Todo ello, que surge de actuaciones labradas en la Dirección de Aduanas, deberá ser investigado para conocer la real dimensión de la defraudación al Estado, como también para saber también a ciencia cierta la participación que le cupo en todos los casos a los autores, partícipes y encubridores.

Debe tenerse en cuenta a los fines de la investigación si en realidad, a través del envío de distintos componentes en varios embarques como material de rezago la totalidad de las operaciones no permitirían el armado de armas a un costo sensiblemente inferior al correspondientes si las armas en cuestión (FAL, FAP) se vendieran como objetos totales, lo cual agravaría sensiblemente el perjuicio para el Estado, de cuyo patrimonio surgen cada una de las partes componentes en la/s transacciones investigadas.

C)

La Comisión Tripartita autorizó la exportación de repuestos de fusiles FAL y FAP a José Luis Díaz Enterprises Inc., habiéndose pactado que los correspondientes envíos debían hacerse en etapas, aspecto éste que da lugar a una fundada sospecha en cuanto a que se habría pretendido exportar material de desguace (declarado como tal) y que en realidad podría haberse transformado en los EE.UU en fusiles armados, es decir listos para usar.

Tampoco podría descartarse, atento las graves irregularidades que presenta la Resolución 1334, un posible desvío (total o parcial) de los embarques salidos desde la Argentina hacia distintos países ajenos al destino formalmente declarados en los respectivos embarques, o que a través de la firma importadora, se efectuara una triangulación de los repuestos de armamentos.

Sería conveniente recabar información a la Aduana de los Estados Unidos de América para corroborar que JLD Enterprises subfacturó o no el valor de los repuestos recibidos, a fin de comprobar si se habría cometido una evasión impositiva por aranceles de importación o si, por el contrario, como habrían informado algunos medios, se declaró ante las autoridades aduaneras de USA un valor de recepción diferente al indicado en la salida del país, que oscilaría en los U$S 90.000.

D.

Pero lo que ha quedado demostrado es que la Ministra Garré convalidó, con su actuación y firma en las resoluciones que suscribió, una operación que además de irregular desde el punto de vista aduanero, fue ruinosa para el Estado Nacional, porque la declaración de un precio manifiestamente vil en la exportación cuyo embarque fuera detenido por el Director de Aduanas el 17 de febrero pasado, y otras que como se vio resultan altamente sospechosas, podrían demostrar una metodología sistemática de someter varias exportaciones similares a subfacturación, lo que supondría una maniobra deliberadamente destinada a provocar un vaciamiento en el patrimonio de la Dirección General de Fabricaciones Militares.

E)

Son muchas las inquietudes que crea la situación reseñada.

En el programa “Contrapunto” que conduce Martín Pitón y que se emite por Radio América en horas de la tarde, el 23 de julio pasado, Andrea Prodán, quien fuera hasta hace unos meses funcionaria del Ministerio de Defensa, manifestó que en ocasión de que se dispusiera el traspaso del RENAR a la órbita del Ministerio del Interior, presenció un diálogo entre la Dra. Nilda Garré y su hermano Dr. Raúl Garré, actual Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, quien, a estar a los dichos de la testigo, habría tenido alguna relación o intervención con el RENAR.

En tal oportunidad, y ante la pérdida de esta repartición por su traspaso a otro Ministerio, el Jefe de Gabinete le habría dicho a la titular de la Cartera de Defensa que le interesaba una auditoría o cargo en la Dirección de Fabricaciones Militares, aludiendo a que era “un buen negocio”.

Aclaró también que la relación entre los dos hermanos es de tipo maternal, en la que la Ministra asume una actitud complaciente hacia su hermano al que llama “Raulito”.

Más allá de la veracidad o no de estas afirmaciones o de que el Dr. Raúl Garré tuviera alguna intervención, directa o indirecta, en la Dirección de Fabricaciones Militares, lo que debe ser materia de investigación, cabe preguntarse por el origen del material que vende Fabricaciones Militares: ¿porqué hay números limados?, ¿pertenecen a algún depósito judicial?; ¿porqué hay números duplicados?, ¿a alguien se le perdió o vendió las piezas o pieza, comprando otra en el mercado negro y duplicando el número?; ¿Fabricaciones Militares torneó piezas similares a las del fusil para venderlas como componentes reales, como sucedió en el contrabando de armas a Ecuador?, ¿las piezas provienen de armas pertenecientes a las FFAA, y que tienen prohibida la venta y entonces hay que taparlo, como sucedió en la venta de cañones a Croacia?.

Debería averiguarse si con anterioridad las FFAA no enviaron material de este tipo a Fabricaciones Militares para ser reparado, y si el mismo fue devuelto.

De todos modos la base de datos donde están relevados estos números, debería haber señalado ineludiblemente la duplicación. Esta base de datos debería ser inspeccionada minuciosamente.

También debería revisarse todas las actuaciones por las que se dispuso la venta de armas, para saber a ciencia cierta su procedencia. Se aclara que el Juzgado Penal Económico interviniente ordenó el allanamiento de la Dirección de Fabricaciones Militares, según fuera informado periodísticamente, desconociéndose el resultado de dicha diligencia.

Los números limados deberían peritarse para saber si fueron erradicados o son ilegibles por el uso. Esto último resultaría extraño, puesto que hay fusiles con el cañón dilatado por la gran cantidad de disparos (alrededor de medio millón de disparos) que no se le desgasta el número de ninguna pieza.

Habría que averiguar si este tipo de piezas provienen de depósitos judiciales, decomisadas producto de algún delito. A título de ejemplo, señalamos que los camiones de caudales sólo pueden ser atacados eficazmente con fusiles FAL.

¿Porqué se ha alterado la calidad vendiendo algo nuevo por usado?, ¿quién hizo la tasación de las piezas para conocer su real valor de acuerdo al uso de las mismas?.

¿Los precios de donde se obtuvieron?, ¿Fabricaciones Militares tiene precios testigos o pidieron informes a la Sindicatura General de la Nación?

Debería hacerse un peritaje en las piezas decomisadas en el envío del 17/2/07 para establecer su valor, y evaluar los envíos anterior por su precio vil.

Resulta extraño que se le venda chatarra a una fábrica de armas.

Es claro que la maniobra de duplicación o erradicación de la numeración identificatoria de las distintas piezas encuadraría en el tipo descripto por el artículo 289, inciso 3°, del Código Penal.

E.

Cuando el hecho tomó estado público, la Dra. Nilda Garré esgrimió distintas excusas a fin de excluir su responsabilidad.

En principio, dijo desconocer la diferencia entre un fusil FAL y otro FAP y que en esto ella era “como doña Rosa”. Nadie puede exigirle a la ministra que sea una técnica en armamento, pero lo que es inexcusable en cualquier funcionario que firme una resolución en la que se aprueba una operación de compraventa, se trate de una contratación directa, concurso de precios, o licitación, y sean los objetos material sensitivo, bulones o naranjas, es que tenga conciencia fehaciente de que los precios son los del mercado y que no está produciendo un perjuicio al patrimonio del estado.

Por ello es que se solicita –o debiera hacerse- en la misma Cartera dictámenes específicos y legales sobre la negociación, justamente porque no puede pretenderse que ella conozca todo.

En tal sentido, sería importante anoticiarse el dictamen de la Unidad de Auditoría Interna, a cargo del Contador Jorge Daniel Argüello, y del Director General de Asuntos Jurídicos, Dr. Héctor Alberto Tuja, tal como se desprende del organigrama del Ministerio de Defensa.

Téngase en cuenta que la función de la Comisión Tripartita, mencionada en el decreto 603/92, es primordialmente evitar la proliferación de armas de destrucción masiva, y no establecer el precio de compraventa. Esta Comisión se dedica a realizar desarrollos y evaluar cuestiones meramente técnicas.

Otra de las excusas esgrimidas por la Ministra fue que era la responsabilidad de la Aduana, porque en la reunión de la Comisión debió objetar el precio. Mas allá de que pudiera haber algún incumplimiento por parte de la Aduana, que se desconoce, lo cierto es que, como dijo su titular, el Dr. Echegaray, “en todo el globo terráqueo los precios se fijan entre el exportador y el importador”, lo que resulta una verdad de perogrullo puesto que la Aduana lo único que hace es fiscalizar que no se lleve a cabo una evasión impositiva, pero la fijación de los precios requiere de procedimientos como tasaciones, estudios de mercado, análisis de costos, etc. que no le corresponde a su esfera efectuar.

Téngase en cuenta, además, que no resulta muy dificultoso conocer precios de mercado. Por ello adjunto tres páginas resultante de la búsqueda que practicara la suscripta en internet, de las que se desprende que en una operación realizada por Gendarmería Nacional un percutor de una pistola 9 mm sale $ 3, por lo que nunca podría costar menos uno correspondiente a un fusil FAL o FAP.

Después de 20 meses de gestión, no puede la Dra. Garré ignorar que estas piezas tienen un determinado valor. No puede entenderse cómo, manejando uno de los Ministerios más grandes de la Nación, no tenga a quién preguntarle para que la asesore debidamente.

También sostuvo la Ministra que esto era responsabilidad del Ministerio de Planificación, pues Fabricaciones Militares estaba en febrero de 2007 en el área de su competencia. Pero sucede que, cuando todas las operaciones se llevaron a cabo, la Dirección General de Fabricaciones Militares dependía del Ministerio de Defensa, y fueron necesarias las resoluciones que ella firmara para que se desplegara una maniobra fraudulenta.

Una excusa más, fue que hubo una subfacturación inexplicable, según se desprende de lo publicado en Página 12 web el miércoles 30 de mayo de 2007, que se adjunta.

Esto implica no sólo el reconocimiento público y expreso de dicha subfacturación, sino también el dislate de su disculpa, porque si ella no lo puede explicar ¿quién entonces?.

¿Cómo podría explicarse que firme un anexo donde la numeración de los cuerpos de cerrojo se consignara discontinuamente?. La Ministra es abogada, ha sido diputada nacional y funcionaria pública en distintas áreas. Un documento confeccionado de esta forma indica que el trámite se ha hecho a las disparadas, de cualquier forma, lo cual supone la posible comisión de errores que un funcionario medianamente diligente no podría haber firmado, a menos que lo hiciera sin leerlo, lo que se descuenta dada la envergadura de su cargo, o que dicho anexo fue redactado así, a propósito, para entorpecer el control de una operación fraudulenta.

Por otra parte, atento el tiempo transcurrido, sería interesante saber si la Ministra al menos sugirió la promoción de sumarios o cualquier otro tipo de actuación interna a fin de deslindar responsabilidades, independientemente de lo que resuelva la justicia.

De no haberlo hecho, habría incurrido sin lugar a dudas, también en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Parece que la Ministra ha optado por escribir cartas de lectores a los diarios, como la publicada recientemente en el diario La Nación, tratando de excusarse de lo inexcusable, echándole la culpa a otros que no la tienen, por lo que a esta altura de los acontecimientos deberíamos concluir en que simplemente se trata de una subfacturación inexplicable y punto, de la que ella nada sabía, lo que es inadmisible, ya que surge claramente su responsabilidad sin perjuicio de la que pudiere corresponderle a terceros.

F.

En este caso, debemos diferenciar la defraudación fiscal que se persigue ante el fuero Penal Económico, se trate de contrabando agravado o de una simple infracción aduanera, lo que está regulado por el Código Aduanero, de la defraudación contra la Administración Pública que aquí denunciamos, porque aunque el medio sea el mismo, las resoluciones referidas, los perjuicios, aunque ambos afectan al patrimonio estatal, difieren.

En el primero, lo que se ha intentado es no hacer ingresar al fisco una contribución que a éste pertenece, y que debe ingresar para la formación de la renta pública.

Aquí lo que denunciamos es el precio vil fijado en las resoluciones firmadas por la Ministra, de bienes que ya eran propiedad del estado, lo que ha producido un detrimento concreto en su patrimonio (en tal sentido, ver Laje Anaya, “Comentarios al Código Penal”, parte especial, vol. II, pág. 159, ed. De Palma 1979).

“La defraudación a la Administración Pública se sustenta en conceptos rígidos e inmutables, pues están dirigidos a una lesión o agravio a cierta clase de bienes; estos responden, sin excepción, para ser considerada la defraudación como tal a una titularidad detentada y no discutida, ya que se refiere a la propiedad por parte de la Administración Pública, del bien defraudado. En cambio, la defraudación impositiva es la erosión que se provoca en la capacidad financiera de la Administración al restarle, por efecto del ilícito, parte de la recaudación a la cual tenía derecho y a la que estaba obligado el transgresor. En la primera figura –estafa- se perturba el derecho que da la propiedad indiscutida del bien; en la segunda, el patrimonio se reciente al no concretarse un derecho que fue de expectativa, pero que se transforma en adquirido, lo que origina una legítima pretensión de percepción y da pie para la promoción de la acción por defraudación impositiva en perjuicio de aquél que evadió su cumplimiento mediante el uso de maniobras de naturaleza delictiva” (ver Juan H. Sproviero, “Delitos de estafas y otras defraudaciones”, Tomo II, página 354, ed. Abaco 1998).

La figura penal imputada es la del artículo 174, inciso 5°, del Código Penal, que no implica un tipo penal autónomo sino que agrava las expuestas en los artículos 172 y 173 del mismo texto legal, cuando la acción se cometiere contra la Administración Pública, lo que se ha producido en la especie.

“Sujeto activo” puede ser cualquier persona. Si se trata de un empleado público, sufrirá además la pena de inhabilitación especial perpetua prevista en el segundo párrafo de este artículo. “Sujeto pasivo” es la Administración Pública, expresión que abarca tanto al Estado nacional como al provincial y municipal y dentro de él a las entidades autónomas o autárquicas, en suma a toda entidad dotada de personalidad de derecho público (cfr. Jorge Eduardo Buompadre, “Estafas y otras defraudaciones”, pág. 225, ed. Lexis Nexis 2005).-

Por último, debemos señalar que la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por nuestro país el 7 de noviembre de 1997 mediante la Ley 24.759, fundamenta en su Preámbulo que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como contra el desarrollo integral de los pueblos”, y el combatirla “fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”. Agrega que la corrupción suele ser utilizada por la criminalidad organizada, y en algunos casos tiene trascendencia internacional, por lo que es necesaria la actuación coordinada de los estados para atacarla eficazmente (en tal sentido, ver Marco Antonio Terragni, “Delitos propios de los funcionarios públicos”, pág. 189/190, ed. Jurídicas Cuyo 2005).

En el convencimiento de que los hechos narrados constituyen la comisión, cuanto menos, del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, previsto y reprimido por el artículo 174, inciso 5°, del Código Penal, en cabeza de la titular del Ministerio de Defensa de la Nación, Dra. Nilda Garré, y en el entendimiento de que la justicia debe actuar en estos casos con el máximo rigor y celeridad, es que formulo la presente denuncia.

III. Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

a) Se tenga por efectuada esta denuncia contra la señora Ministra de Defensa de la Nación, Dra. Nilda Garré, por infracción al art. 174, inciso 5°, del Código Penal.

b) Se de curso a la misma ordenándose la investigación.

c) Se produzcan las medidas de prueba sugeridas a lo largo de esta exposición y todas aquellas otras que se estimen pertinentes.

Proveer de conformidad, que

SERA JUSTICIA.