Otra vergüenza de Oyarbide
Si al cabo de seis meses que lleva esta investigación
-lapso en el que el juez mantuvo casi sin interrupciones el secreto de
sumario- los superiores de Oyarbide tienen que pedirle ese tipo de
precisiones elementales, es porque la investigación ha fracasado.
Cuando estalló el caso sostuvimos en esta columna que la
falta de acción inicial de este magistrado resultaba inadmisible y
sospechosa. Ahora, el fallo de los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo
Farah y Jorge Ballestero confirma que eran fundados aquellos temores.
Por ejemplo, Freiler afirmó que el trabajo de Oyarbide
"se destaca por la ausencia de racionalidad en la búsqueda de
información", "amenaza con ser sólo escenográfico" y "conspira contra el
éxito de la pesquisa" porque "el propio magistrado se ha encargado de
construir un pajar" con información desordenada donde es muy difícil
localizar las pruebas de los presuntos delitos.
Si a esa forma de trabajar para no arribar a nada le
agregamos que es más que conocido el oficialismo de Oyarbide y que la
investigación -si hubiera sido tal y no lo que es- tendría que haber
abarcado a los altos funcionarios nacionales que permitieron el desvío
de dinero público, podemos entonces sospechar aún con más fundamento que
lo hecho por Oyarbide no ha sido un largo y pertinaz error. En efecto, a
la luz del fallo de la Cámara -que en ningún momento plantea quitarle
la causa al magistrado ni solicitarle el juicio político- es imposible
no suponer que el juez haya orientado su trabajo con el solo objetivo de
condenar la investigación al fracaso para proteger al Gobierno y a la
presidenta de la Fundación, Hebe de Bonafini, tan aliada del Gobierno
como el propio juez.
Una malversación de cientos de millones de pesos
estatales destinados a paliar el déficit de viviendas de los sectores
carenciados jamás podría concretarse a lo largo de varios años sin la
activa complicidad de altos funcionarios del Gobierno.
Para comprender la descarada actitud de Oyarbide y del
Gobierno que lo protege tanto como él al Gobierno, hay que tener en
cuenta que este caso desnuda la manipulación ejercida por el
kirchnerismo con el tema de los derechos humanos y la captación de
históricos organismos del área. Se trató, desde ya, de una operación
para encubrir el déficit que el kirchnerismo arrastraba en la materia
mientras gobernó Santa Cruz.
En el caso de que una investigación en serio llegara a
probar que ese apoyo a la causa de las Madres -convertida ahora en una
gigantesca empresa constructora- escondía un negociado con fondos
estatales para ganar voluntades políticas en las provincias y comunas
donde se edificarían las viviendas y, al mismo tiempo, permitía el cobro
de coimas, pues no había control oficial de los fondos, el escándalo
sería mucho mayor. Por eso puede conjeturarse que Oyarbide lo
circunscribió a los hermanos Schoklender y sus socios, y a un simple
caso de administración infiel por parte de éstos.
El juez habría sido cómplice del encubrimiento cuando, en
los inicios del caso, no allanó la Fundación para hacerse con sus
libros contables, que seis meses después siguen sin aparecer. Del mismo
modo, y siempre debido a este magistrado, difícilmente aparezca la
verdad real del escándalo y la nómina completa de los culpables. Quizá
por eso, inmune a las críticas de la Cámara, Oyarbide afirmó cínicamente
al día siguiente que seguirá "adelante" y "con más fuerza que nunca"..
